Ampliar derechos, sin retrocesos

Por Fernanda Herrera. Pte JR Bahia Blanca

Una mujer víctima de violación tiene derecho a decidir abortar. Es una práctica no punible de acuerdo al Artículo 86 del Código Penal desde 1921, habiendo sido ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su fallo “FAL” en 2012, donde resuelve que las mujeres víctimas de violación pueden interrumpir su embarazo, sin necesidad de autorización judicial y con su mera declaración jurada dejando constancia del delito del cual fue víctima.

Considerar volver a negarle a una mujer que sufrió una violación la posibilidad de abortar ante un hecho traumático como es el abuso sexual, es un pensamiento cuanto menos anacrónico y violento.

La decisión que debe tomar en breve el Senado gira en torno de la ampliación de derechos, no de retrocesos y limitaciones. Penalizar no ha disuadido ni disuade a las mujeres de interrumpir su embarazo, incluso en las peores condiciones, por eso el debate está en si garantizamos aborto legal o abandonamos al aborto clandestino.

Dejamos de lado nuestras convicciones religiosas y morales, nuestro deber es trabajar en pos del bien público pensando cuál es el rol del Estado en ese sentido. Eso implica abordar este tema desde la perspectiva de salud pública y de derechos de las mujeres: el Estado debe garantizar igualdad de condiciones de los derechos reproductivos, derechos de la mujer a la vida, a la salud, a la integridad física y psíquica, a la dignidad y a estar libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Recordemos que el proyecto con media sanción de Diputados contempla en su Art. 12 información adecuada a la mujer, y atención previa y post solicitud de IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo), de carácter médica, social y psicológica para una contención integral; como así promoción y fortalecimiento de Educación Sexual Integral.

Instamos a las y los jóvenes en su conjunto a seguir la línea de defensa de los derechos humanos y de salud pública, sin permitir que se intente con liviandad el cercenamiento de los derechos ya conquistados.